jueves, 19 de febrero de 2009

ATENCO Y LOS "POZOLEROS" DE LA JUSTICIA




La nauseabunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, concede “Carta blanca” a los chacales que se burlan de los derechos humanos, la dignidad y la justicia social para los pobres: Dicta jurisprudencia para que el horror se establezca como una forma estatal para intimidar a pueblos dignos como Atenco, en pie de lucha contra las arremetidas neoliberales. “El magistrado Aguirre se quemó las pestañas estudiando para convertirse en el pozolero de la justicia.” Góngora Pimentel, ¡todos mis respetos y mi reconocimiento!, señor.


El viernes 13 de febrero, sin inmutarme, leía en La jornada lo siguiente:

“El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, declaró ayer a mediodía, con un gran gesto, el fin de la sesión del pleno: cuatro días, poco más de 20 horas de debates jurisconsultos que concluyeron que, si bien hubo ‘violaciones graves a las garantías individuales’ en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, ningún funcionario de alto o medido nivel, ni del estado de México ni del gobierno federal, fue responsable de estos hechos que provocaron la muerte de dos jóvenes, agresiones sexuales de policías contra una treintena de mujeres arrestadas, centenares de detenciones arbitrarias y torturas”.

Recordemos que esa misma Suprema Corte fue la encargada de fallar contra la justicia que se le debía a Lydia Cacho, exonerando de toda culpa al “Góber Precioso” Mario Marín por violaciones sistemáticas a las garantías individuales de la periodista.
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación –esa faramalla jurídica al servicio de los poderosos, con las preclaras excepciones de los ministros Genaro Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo, este último encargado de las investigaciones de los actos violatorios de los derechos humanos sucedidos en mayo de 2006 contra pobladores de Atenco- asentara con este fallo un negro precedente en la “democracia niña” de los fascistas en el poder, al purgar y exonerar de cualquier responsabilidad con la justicia, al cara bonita Peña Nieto, a Eduardo Medina Mora, entre otros criminales institucionalizados, no me sorprende y, por el contrario, me pertrecha más en mi visión marxista del derecho: la única ley es la ley que dictan los dueños del dinero.
Con esta nueva actuación ominosa para la idea de Justicia Social, la SCJN defiende una interpretación de la Constitución burguesa para mantener el equilibrio entre los poderes y órganos de gobierno, pero no puede esperarse que en “los asuntos judiciales de gran relevancia” se aparte de la Constitución –muy bien arreglada para beneficiar los intereses capitalistas- para servir a los intereses de los explotados, engañados y oprimidos.
Con ocho votos contra tres, Peña Nieto no tendrá ninguna piedrita para candidatearse a la grande en 2012; el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ya podrá manejar, a manera discrecional, la fuerza pública a su antojo; y los altos mandos policiacos federales y estatales (Wilfredo Robledo Madrid, ex comisionado de la policía estatal en esas fechas, y Ardelio Vargas, de la Policía Federal Preventiva), junto con el ex delegado del Cisen, Miguel Ángel Yunes, violarán con más tranquilidad y dureza las fantasmagóricas garantías individuales de los mexicanos, pues en la Suprema Corte de Justicia se han emitido “lineamientos y consideraciones” para mandar a la chingada a nosotros los ciudadanos de a pie.
Recordemos que en mayo de 2006, las fuerzas públicas federales y estatales, irrumpían en el pueblo de Atenco como si tal pareciera que las calles de esa población fueran zona de guerra. Por la tele, oía a los mercenarios locutores de Tv Apesta pontificar por el “orden” y el “Estado de derecho” para el país, supuestamente quebrado en un pueblito anexo a Ciudad de México, y cuyas armas que ponían en peligro la paz social para el país, eran unos oxidados machetes empuñados, en gran medida, por personas entradas en años (muy dignos ellos, la verdad sea dicha). Esa incursión de la irracionalidad del poder provocó la muerte de dos jóvenes a manos de los uniformados, agresiones sexuales de policías contra una treintena de mujeres arrestadas, más centenares de detenciones arbitrarias y torturas a granel. El fallo de la Corte únicamente es para los mandos menores, para los uniformados, pero no para los autores intelectuales, y a los que, en sus funciones de mando como Peña Nieto y Eduardo Medina Mora, pudieron haber evitado que corriera la barbarie.
Al saberse el dictamen, en la sala de plenos de la Suprema, los atenquenses, para asimilar mejor el trago amargo, irrumpieron en gritos de indignación: “¡Ministros, corruptos, asesinan la justicia!”, “¡Peña Nieto ordenó y ejecutó la represión!”
De la otra parte “institucional”, en primera fila, en la cara morcilluda de los abogados de Peña Nieto, una sonrisa cínica cifraba su complacencia con el dictamen que los cerdos de la Suprema rubricaban de forma por lo demás indigna.
Peña Nieto, tirándose a una puta sacada de Televisa, va ahora para la grande, mientras que Ignacio del Valle, luchador social y dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)- sentenciado a 112 años de cárcel, se pudre en el penal de máxima Seguridad del Estado de México.
Aguirre, ministro panista, fue clasificado por la indignación atenquense, como el magistrado que “se quemó las pestañas estudiando para convertirse en el pozolero de la justicia”.
Contrario a los pareceres formalistas del derecho –esa cortedad de miras jurídicas justificando la barbarie- de Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Margarita Luna, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, Mariano Azuela, José Ramón Cossío y Ortiz Mayagoitia, el magistrado Genaro Góngora Pimentel se refirió a Atenco de la manera siguiente:

“Atenco fue un acto de venganza. Es verdaderamente terrible que los ciudadanos estemos a expensas del ánimo de desquite de los policías y los gobernantes.”

Góngora Pimentel, el Catón de los pobres, implacable en sus apreciaciones de derecho referente a los hechos de Atenco, censuró que ni Peña Nieto ni Medina Mora, como máximos responsables, tomaran las medidas correctivas para frenar los abusos.

“Era muy sencillo advertir los excesos que se estaban cometiendo, bastaba con prender la televisión para ver las imágenes”, indicó Góngora Pimentel, quien agregó que tampoco investigaron cabalmente las denuncias de abuso de autoridad ni las agresiones sexuales a 31 mujeres que fueron detenidas.

Leyéndose los resolutivos de los hechos, Góngora Pimentel ironizaba en voz alta con desencanto:

“El hoy procurador (Eduardo Medina Mora) debe seguir investigando los hechos de sus subordinados cuando fue secretario de Seguridad Pública federal. Hacer investigaciones a estas alturas parece casi imposible; el dios Cronos, junto con otras personas y otros factores, han dispersado las evidencias, pero en fin, eso ya será problema del procurador”.

Con esta actuación tan cínica y descarada de los POZOLEROS DE LA JUSTICIA que son los Aguirre Anguiano, los Sergio Valls, la Margarita Luna, los Fernando Franco, los Ortíz Mayagoitia, la Sánchez Cordero, la basura moral del Mariano Azuela y José Ramón Cossío, la frase de López Obrador se hace más presente que nunca: ¡AL DIABLO CON LAS INSTITUCIONES!!!!!!!!!

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