Preguntaba el poeta: "Si es huérfano el que pierde un padre, si es viudo el que ha perdido la esposa, ¿cómo se llama el que pierde un hijo?". Sara Salazar no ha perdido a un sólo hijo, ha perdido a cuatro: a Josefina Reyes Salazar -activista social muerta el 3 de abril de 2010, sindicalista de maquilas, mujer valiente que exigía el esclarecimiento de las "muertas de Juárez" y acusadora de los atropellos del Ejército en Chihuahua-, a Rubén Reyes y,en días recientes, a María Magdalena y Elías Reyes Salazar. Doña Sara ha perdido también a un nieto, Julio César, hijo de Josefina. Mientras el gobierno festina dineros para su guerra, mientras Ernesto Cordero se burla de los que no ganan ni seis mil pesos, mientras el aparato político se destroza en su lucha por el poder sin más, y la clase oligárquica contrata a sus ejércitos privados para sentirse segura en medio de una república mexicana en estado terminal, Sara Salazar sólo pide justicia, sólo pide que el desquiciante sistema jurídico, judicial, militar y policial mexicano -que crea a sus culpables, fabrica sus delitos, encarcela o mata inocentes, exonera y premia a los que trasgreden su enferma "legalidad", como Sergio Barraza Bocanegra-, esclarezca las muertes de sus hijos, que haga, simplemente, justicia. Y esto es como pedir peras al olmo. Porque para el borracho que desgobierna el país, más vale la vida de un agente de Estados Unidos, que una familia de mexicanos completa.
Como muestra de que las muertes de sus hijos no recaen solamente en sicarios a sueldo, sino que traspasa la hipótesis cínica de que son secuelas del crímen organizado, doña Sara llevó los ataudes con los cuerpos de sus hijos María Magdalena y Elías, frente al edificio de la Fiscalía General del estado de Chihuahua para velarlos ahí mismo; frente a los que, de algún modo, no cumplen con su trabajo de defender y protejer a la ciudadanía de la violencia de los indistintos grupos delincuenciales, por el contrario, protejen y amparan.
En las mantas desplegadas por los que piden justicia a la memoria de la familia Reyes Salazar, no hay márgenes para equívocos, la justicia popular ya dictó sentencia inapelable: GOBIERNO ASESINO.
La nota de La Jornada, conmovedora por la fotografía de doña Sara Salazar haciendo guardia frente a los férretros de sus dos hijos, nos indica que esta familia Reyes Salazar, su lucha por los derechos humanos, por la defensa ambientalista de su comunidad, se remonta en la década de los noventa del siglo pasado. A continuación, transcribo unos párrafos de la nota precitada:
La Jornada en línea
Publicado: 26/02/2011 10:15
Mientras que Marisela Reyes, hermana de dos de las víctimas, dijo que “los responsables del triple asesinato son esa bola de cabrones que no hallaban cómo callarnos la boca”.
Expresó que “el gobierno federal es responsable de la seguridad de toda su familia, y advirtió que la lucha sigue hasta que se esclarezca el triple asesinato, como se hizo con el agente del ICE, cuyos sicarios fueron capturados de inmediato”.
Del fiscal Jorge González Nicolás, pidió que “se largue a chingar su madre, porque no sirve para nada, y de Felipe Calderón, afirmo que es una mierda porque 'nos ha metido a los federales'.”
“Me da asco hablar de él”, expresó.
Como muestra de que las muertes de sus hijos no recaen solamente en sicarios a sueldo, sino que traspasa la hipótesis cínica de que son secuelas del crímen organizado, doña Sara llevó los ataudes con los cuerpos de sus hijos María Magdalena y Elías, frente al edificio de la Fiscalía General del estado de Chihuahua para velarlos ahí mismo; frente a los que, de algún modo, no cumplen con su trabajo de defender y protejer a la ciudadanía de la violencia de los indistintos grupos delincuenciales, por el contrario, protejen y amparan.
En las mantas desplegadas por los que piden justicia a la memoria de la familia Reyes Salazar, no hay márgenes para equívocos, la justicia popular ya dictó sentencia inapelable: GOBIERNO ASESINO.
La nota de La Jornada, conmovedora por la fotografía de doña Sara Salazar haciendo guardia frente a los férretros de sus dos hijos, nos indica que esta familia Reyes Salazar, su lucha por los derechos humanos, por la defensa ambientalista de su comunidad, se remonta en la década de los noventa del siglo pasado. A continuación, transcribo unos párrafos de la nota precitada:
La Jornada en línea
Publicado: 26/02/2011 10:15
Mientras que Marisela Reyes, hermana de dos de las víctimas, dijo que “los responsables del triple asesinato son esa bola de cabrones que no hallaban cómo callarnos la boca”.
Expresó que “el gobierno federal es responsable de la seguridad de toda su familia, y advirtió que la lucha sigue hasta que se esclarezca el triple asesinato, como se hizo con el agente del ICE, cuyos sicarios fueron capturados de inmediato”.
Del fiscal Jorge González Nicolás, pidió que “se largue a chingar su madre, porque no sirve para nada, y de Felipe Calderón, afirmo que es una mierda porque 'nos ha metido a los federales'.”
“Me da asco hablar de él”, expresó.
Luchadores sociales desde los noventa
Las desgracias de esta familia, caracterizada por la lucha social desde la década de los noventa cuando se opusieron a un basurero tóxico en el sur de Texas, se iniciaron en 2009 con el homicidio de Julio César, hijo de Josefina y boxeador de profesión.
Josefina Reyes, asesinada el 3 de enero de 2010, promovió protestas contra los presuntos abusos de militares en Ciudad Juárez, luego de luchar por el esclarecimiento de asesinatos de mujeres y de ser activista sindical de maquiladoras.
La mujer fue baleada en la carretera que va de Guadalupe, lugar de residencia de su madre, a Ciudad Juárez, la más violenta de México y donde ella vivía.
Esta carretera, en la que también asesinaron a Rubén Reyes en agosto de 2010, corre paralela a la línea fronteriza con Texas, Estados Unidos, y atraviesa varias poblaciones que han quedado atrapadas entre el fuego de los narcotraficantes y la fuerte presencia militar. Los asesinatos de Josefina, su hijo Julio César y de Rubén siguen sin esclarecerse, mientras que la casa de esta familia dedicada a la panadería desde hace 40 años en Guadalupe, fue incendiada el 15 de febrero pasado.
La oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU expresó su "enérgica protesta" por el asesinato y lo calificó de "indignante", mientras que Amnistía Internacional pidió medidas de protección para el resto de la familia, a las autoridades mexicanas, que hasta ahora se han mantenido en silencio.
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